San Lorenzo impulsa la discusión sobre la trata de personas en la búsqueda de desarticular este delito que se extiende geográficamente en todo el país y especialmente en la región del Litoral.

En continuidad con el trabajo que desarrolla la Subsecretaría de la Mujer, Minoridad y Discapacidad de la Municipalidad de San Lorenzo, en abril pasado se convocó a la ONG “Las Juanas” que desarrolló una charla y taller en el Centro Cultural y Educativo Municipal sobre el tema de trata de personas.

Bajo el lema “Se trata de Nosotras”, Gabriela Sosa, representante de la ONG en cuestión, coordinó el trabajo del que participaron profesionales de la salud, trabajadores sociales, representantes de organizaciones locales, docentes y estudiantes para “construir prevención” principalmente en la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

La Profesora Adriana Núñez, titular de la Subsecretaría local, destacó la importancia de dar continuidad al trabajo que viene realizando el Municipio, desde la formación hacia el trabajo que se encaró en 2009 dentro del programa de Fortalecimiento para Mujeres, hasta la realización de estas charlas y la apertura al debate de temas de género.

La historia de la trata de personas en la zona se remonta a inicios del siglo XX, con la inmigración europea que traía a mujeres y adolescentes engañosa y forzadamente en los barcos para su explotación sexual en Rosario, con lo que la problemática no es novedosa pero sí adquiere formas renovadas y sufre mutaciones que requieren de una mirada permanente y acciones conjuntas para su desarticulación.

Gabriela Sosa, en nombre de “Las Juanas”, agradeció al Municipio por la invitación y subrayó positivamente que sea el Estado el que encare estas discusiones y que haya abierto la puerta en esta ocasión.

Por su parte, esta Organización No Gubernamental busca fortalecer los derechos de las mujeres y particularmente en lo referente a la trata de personas que “es un delito que existe hace muchísimos años, aunque permanece oculto y tapado por las connivencias que existen al momento de ejercerlo”, sostuvo Sosa.

Los elementos de esta trama delictiva se sostienen en la Justicia, el poder político, los policías y los clientes, “sobre la base de una sociedad que considera que el cuerpo de las mujeres puede ser utilizado para generar dinero”, explicó la especialista.

Asimismo, esta representante de la ONG detalló que la trata de personas tiene tres formas: la explotación sexual de mujeres y niñas, la esclavitud laboral y el tráfico de órganos. “Si tomamos la cantidad de víctimas, el 85% de los casos en Argentina corresponden a mujeres y adolescentes explotadas sexualmente”, aseveró.

El mapa de la trata varía pero un circuito típico incluye la captación en la zona de la triple frontera al Noreste del país, el Litoral y otros países latinoamericanos como Bolivia, Perú y Brasil, para su traslado y explotación en el Sur o, en algunos casos, en Europa.

Actualmente, en Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos, la problemática se ha ampliado. Específicamente en Santa Fe, que antes era considerada una zona de paso y transporte entre las regiones de captación y las de explotación, “hoy podemos hablar de que es una zona de captación, traslado y explotación de mujeres, donde existen zonas más complejas como el Norte de la Provincia”, recalcó Sosa.

Igualmente, tanto desde la Subsecretaría de Mujer, Minoridad y Discapacidad, como desde esta ONG y otros organismos que estudian los temas de género, se ve como fundamental “que se empiece a discutir y se genere una ruptura con los estereotipos de género, para entender que las mujeres podemos exigir la defensa de nuestro propio cuerpo y que no se vea como natural que la mujer puede ofrecer su cuerpo para ser utilizado sexualmente”, concluyó.

Un aspecto polémico de la temática es el eslabón que los consumidores representan en todo este ciclo. “Sin clientes no hay trata por lo que una sociedad que empiece a cuestionar socialmente la posibilidad de que una mujer sea explotada sexualmente limitará a su vez la posibilidad de la figura del cliente”, arremetió Sosa.

"Las Juanas" son varones y mujeres que trabajan en diversas temáticas de género, desde la salud, la prevención de la violencia y la trata, hasta el rol de las mujeres en la historia latinoamericana, a través de mecanismos como talleres a instalaciones artísticas urbanas.

Para más información, se puede escribir a lasjuanassantafe@gmail.com

La trata de personas está penada por Ley desde 2008, pero se reclaman reglamentaciones adecuadas.

Legislación argentina

La trata de personas está penada mundialmente y se considera uno de las problemáticas más acuciantes del siglo XXI. Encarada por organismos internacionales, ONG y Estados, busca una solución conjunta que actúe tanto en la prevención como en la sanción, dando visibilidad a una situación que se ampara la complicidad de diversos actores y en el silencio de muchos.

La Ley 23.364 fue promulgada en abril de 2008 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

Hace una distinción del delito entre la trata de mayores y menores, porque para los primeros es necesario que haya habido “engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima”, mientras para los menores siempre es trata aunque la víctima haya consentido.

A partir de esta Ley, por explotación se entiende “cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre o se la sometiere a prácticas análogas; se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados; se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual; se practicare extracción ilícita de órganos o tejidos humanos.”

Del mismo modo, la Ley prevé penas de 3 a 6 años de prisión para quien “captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de dieciocho años de edad, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, con fines de explotación”. Y de 4 a 10 años para las mismos delitos en el caso de que “el autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en línea recta, hermano, tutor, persona conviviente, curador, encargado de la educación o guarda, ministro de algún culto reconocido o no, o funcionario público”.

Para la misma clase de delito que involucre a menores, la Ley contempla penas de hasta 15 años de prisión.